La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO-A ha apuntado que el sistema de seguimiento para el cumplimiento de la jornada de 37,5 horas, aprobado por el Gobierno andaluz para el personal público con vistas a cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional es «mejorable» pero considera que la instrucción «es una solución razonable que permite a los profesionales públicos conciliar su vida profesional y familiar, su desarrollo profesional y aumentar la calidad de los servicios prestados».
En una nota, la central sindical ha recordado que «estos sistemas ya se están llevando a cabo con éxito en grandes empresas de diversos sectores ante el considerable aumento de la calidad y mejora del clima laboral que conllevan y, por tanto, de la productividad, porque tener más horas de presencia obligada en el puesto de trabajo no es sinónimo de eficiencia».
«Si a ello se le suma que las condiciones laborales del personal empleado público son referencia para la negociación de muchos convenios, se puede estar favoreciendo mejoras en las condiciones de trabajo para muchos trabajadores y trabajadoras», ha añadido el sindicato.
CCOO ha hecho un llamamiento a que «no se contribuya a desprestigiar la labor del personal, se analice el documento y se propongan las mejoras necesarias que pudieran detectarse».
Asimismo, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO-A ha defendido que gracias al acuerdo que da origen al Sistema de Seguimiento del cumplimiento de la jornada de 37,5 horas en el sector público, «no se destruirá el empleo que se creó con la implantación de la jornada de 35 horas».
El sindicato ha insistido en que esta jornada de 35 horas, suspendida durante varios años con motivo de los recortes realizados por el gobierno central, «es un logro de las movilizaciones de cientos de empleados públicos y de las negociaciones sindicales».
El sindicato ha recordado que la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía aprobó hace unos días un sistema de seguimiento del cumplimiento de la jornada de 37,5 horas para su personal público, que permite acatar la sentencia del Tribunal Constitucional que, a instancias del Gobierno central, exige el cumplimiento de dicha jornada y la anulación de la jornada de 35 horas semanales.
Dentro de su potestad organizativa, la Junta establece 35 horas de presencia obligada, como hasta la fecha, y 2,5 horas restantes que se pueden computar y certificar con actividades como formación y desarrollo profesional, actividades relacionadas con el puesto desempeñado, investigación, docencia o idiomas.