Los servicios de inspección de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio han terminado este viernes una operación que arrancó el pasado miércoles para paralizar la construcción de viviendas ilegales en El Palmar, en el término municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz), precintando un total de 60 construcciones.
Según ha indicado la Junta en una nota, la intervención ha contado con la colaboración de la Guardia Civil, Policía Nacional Adscrita a la Junta y Policía Local de Jerez de la Frontera, Conil de la Frontera y Barbate. En concreto, se han precintado 60 construcciones, la mayoría prefabricadas, que se habían levantado en diez parcelas en suelo no urbanizable divididas en cien lotes. Por su parte, Endesa ha procedido al corte del suministro eléctrico.
Además, se han notificado seis multas por incumplimiento de la orden de paralización de las obras a aquellas personas que hicieron caso omiso a dicha orden. Por último, se han iniciado los procedimientos sancionadores frente a los parceladores que se estaban lucrando vendiendo estos lotes de parcelas de suelo no urbanizable.
Estas sanciones pueden elevarse a un importe que ronda los dos millones de euros. Sólo uno de los parceladores se enfrenta a una sanción de 644.162 euros.
Según ha explicado la Junta, esta actuación se enmarca dentro del compromiso del Gobierno andaluz para «reforzar e incrementar la labor inspectora y garantizar la correcta ejecución de la disciplina urbanística, evitando así la proliferación de edificaciones ilegales en el territorio andaluz como ha sucedido en las últimas décadas».
El objetivo es evitar nuevas parcelaciones en cooperación con los ayuntamientos y aplicar el nuevo decreto ley sobre viviendas irregulares que entró en vigor el pasado 26 de septiembre y que tiene como objetivo resolver una situación que padecen más de 300.000 familias, ha añadido.
La Junta ha recordado que el 11 de julio y el 8 de agosto de 2019, se iniciaron diversos procedimientos de protección de la legalidad urbanística por los actos de parcelación, urbanización, edificación, construcción, instalación y movimientos de tierra llevados a cabo sin licencia sobre las parcelas 255, 303, 306, 433, 447, 452, 453, 596, 597, 1053 del polígono 33 del término municipal de Vejer de la Frontera. Dichos acuerdos fueron debidamente notificados (aún implicando a cerca de un centenar de personas).
En dichos procedimientos se recogía que se ordenaba «la inmediata suspensión de los referidos actos y el cese del suministro de los servicios públicos», advirtiendo a los responsables de que se procedería al precintado de las obras e instalaciones y que en el caso de que la orden de suspensión notificada fuese desatendida, se procedería a la retirada y al depósito de la maquinaria y los materiales de las obras.
Además, se advertía a los promotores o encargados de obra, así como a las empresas suministradoras, de que el incumplimiento de la orden de paralización daría lugar a la imposición de sucesivas multas coercitivas por períodos mínimos de diez días y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras ejecutadas y, en todo caso, como mínimo, de 600 euros. También se trasladó de que el incumplimiento de la orden de suspensión podía constituir un delito de desobediencia, por lo que se daría cuenta al Ministerio Fiscal.
En las visitas de inspección giradas por el personal de Inspección posteriores a la apertura de dichos procedimientos se constató que en la práctica totalidad de las parcelas se estaban acelerando las obras, por lo que resultó imprescindible la ejecución de las medidas cautelares: corte de suministros, precintos y multas coercitivas.
La Junta ha indicado que tan solo en dos casos (parcelas 306 y 597) pudo practicarse el precinto de las obras. No obstante, y para mayores garantías de esta administración autonómica, se realizó una visita al Ayuntamiento de Vejer –Oficina municipal de Estadística– para comprobar que ninguno de los interesados en estos procedimientos se encuentra empadronado en las edificaciones objeto de dichos procedimientos, extremo que se constató con acta firmada por la Oficial Mayor de la Corporación Local.
Dado el inminente riesgo sobre la seguridad de las personas, así como el riesgo de salubridad y medioambiental, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha optado por llevar a cabo un plan de choque. Las actuaciones de precintado y corte del suministro se han llevado con absoluta normalidad, obteniendo en todo momento la colaboración de los interesados, que son conocedores de que se tratan de edificaciones ilegales y ya han manifestado a la administración autonómica que asumirán las órdenes de suspensión.
