martes, octubre 15, 2024
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El voto en contra de la oposición permite que continúe la proliferación de viviendas turísticas en Cádiz

Con la falta de apoyo de la oposición municipal en bloque, el Pleno rechaza la propuesta del Equipo de Gobierno para regular un fenómeno que coincide con el encarecimiento de los alquileres de pisos en Cádiz

El voto en contra del PSOE, PP, Ciudadanos y del concejal no adscrito, Domingo Villero, ha evitado este martes que el Ayuntamiento de Cádiz empiece a acometer una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a fin de regular el uso turístico en uso residencial, tal y como proponía el Equipo de Gobierno.

«En la práctica, el voto en contra de los socialistas, del PP,  Ciudadanos y de Villero, permite que continúe la proliferación de viviendas turísticas en la ciudad,  permite que siga disparándose el precio de la vivienda en Cádiz y ampara la especulación», según ha remarcado el alcalde de Cádiz, José María González.

Al hilo, recuerda que la proliferación de las viviendas turísticas en la ciudad es un fenómeno que coincide en el tiempo con el encarecimiento progresivo de los alquileres de pisos en Cádiz tal y como pone en evidencia el nuevo índice de precios de alquiler de vivienda publicado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana basado en datos oficiales.

El Pleno ha debatido la propuesta del Equipo de Gobierno para iniciar el proceso de modificación del PGOU, a fin de regular el uso turístico en suelo residencial marcando unos índices que garanticen el equilibrio entre ambos usos y que actualmente se superan en la mayor parte del casco histórico de la ciudad.

La idea era incluir las viviendas con fines turísticos, conocidas como VFT y cuyas licencias concede la Junta de Andalucía, en el PGOU para poder actuar ante esta realidad que está condicionando de forma determinante el acceso a una vivienda para residir en Cádiz. Sin embargo, el rechazo en bloque de la oposición municipal impide que, de momento, se concrete esta intención. La propuesta había sido respaldada por una veintena de colectivos sociales y vecinales, que habían reseñado la importancia de regular este fenómeno desde los recursos municipales.

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