La Guardia Civil de Cádiz ha investigado a cuatro empresarios de Chiclana como presuntos autores de los delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los trabajadores por la muerte en julio de 2018 de un operario de 42 años.
En un comunicado, ha relatado que, tras sufrir el accidente laboral, el trabajador fue despojado de la ropa de la empresa y «le pusieron ropa de calle antes de llevarlo a ser atendido».
Como consecuencia de la investigación desarrollada por la Guardia Civil tras el fallecimiento, su viuda e hijos han visto incrementadas las pensiones que les correspondían y que tras el fallecimiento por supuestas contingencias comunes les habían dejado prácticamente en la indigencia, ha explicado la Guardia Civil.
La investigación se inició a finales de enero de 2019, cuando en el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Chiclana se recibió requerimiento del el Juzgado Mixto nº 4 de los de Chiclana para comenzar una investigación en colaboración con Inspección de Trabajo por la muerte que se había producido el 17 de julio de 2018.
Los hechos habían tenido lugar en las instalaciones de una empresa dedicada al montaje e instalación de elementos de decoración en distintas ferias y eventos del territorio nacional, hechos cuyo desenlace se cobró la vida de una persona.
Los agentes investigaron los hechos denunciados a finales de octubre ante la Inspección de Trabajo por parte de los familiares del fallecido, A.S.S., de 42 años de edad, e incluyeron la toma de testificales, visitas e inspecciones en la empresa implicada, así como una detallada Inspección Técnico Ocular, aunque la Guardia Civil ha detallado que la investigación se vio dificultada por el tiempo que había pasado desde que sucediera el accidente.
Las primeras actuaciones derivaron en nuevas propuestas de sanción ante la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento y ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, «habida cuenta del desprecio que los responsables de la empresa demostraban en cuanto a la normativa vigente en materia de urbanismo y riesgos laborales», ha agregado la Guardia Civil.
La investigación determinó que el día en que se produjo el accidente un trabajador quedó atrapado en el mecanismo elevador de la carga de un vehículo fenwich y que fue trasladado en un vehículo particular, aún con vida, al Centro Médico de Especialidades de la Longuera de Chiclana de la Frontera.
Previamente al traslado del herido, según relata la Guardia Civil, el administrador de la empresa y otro operario le despojaron de la ropa de trabajo y en la que llevaba inscrito el anagrama de la misma «al objeto de no despertar sospechas y así evitar responsabilidades».
Cuando llegaron al centro de salud, la información que se dio a los facultativos que lo atendieron de urgencia era que había sufrido una caída fortuita y mantuvieron esta versión en su traslado al Hospital Universitario de Puerto Real, donde falleció instantes después, certificándose una muerte accidental.
La situación económica en la que quedaron la compañera del fallecido así como sus dos hijos resultó bastante precaria, ya que, al decretarse una muerte por contingencias comunes, las pensiones de orfandad y viudedad resultantes, les dejaban prácticamente en la indigencia, ha explicado la Benemérita, cuya investigación permitió conocer que el fallecimiento «se debió a una nula formación en el manejo de la maquinaria».
También asegura que había «carencia absoluta de prendas de protección personal, Planes de Seguridad o Planes de Evacuación y mostrando un desprecio manifiesto en materia de prevención en riesgos laborales, así como ausencia de afiliación a la Seguridad Social de los trabajadores, incluido el fallecido». Todas estas circunstancias se habían mantenido en el tiempo, llegando a ser constatadas por los propios guardias civiles cuando se personaron en diversas ocasiones en la sede de la empresa para realizar la reconstrucción de los hechos.
Por todos estos motivos, han sido puestos a disposición judicial ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de los de Chiclana de la Frontera los cuatro responsables de la empresa en cuestión como presuntos autores de los delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los trabajadores, elevando los informes correspondientes ante los organismos competentes sancionadores por las irregularidades administrativas detectadas.
Tras la conclusión de la investigación, según ha destacado la Guardia Civil, los familiares del trabajador fallecido han podido regularizar las pensiones que legalmente les correspondían como consecuencia de un fallecimiento por accidente laboral.
