La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha criticado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 son «antisociales» y «vuelven a decepcionar a los andaluces» porque «consagran» los recortes. «Ni recuperación de la inversión, ni apuesta por la revitalización de los servicios públicos, ni revalorización de las pensiones, ni lucha contra la desigualdad», ha manifestado en rueda de prensa para valorar el proyecto de los PGE y su repercusión en Andalucía.
La consejera ha subrayado que no son unos presupuestos sociales porque el porcentaje de gasto público sobre el PIB sigue bajando; desde el 45,8% del ejercicio de 2011, al 41% en 2017 y hasta el 40,5% en 2018, lo que representa «13.000 millones menos desde que gobierna el PP». Montero ha lamentado que «los presupuestos congelan el gasto social y no son capaces de llevar la recuperación de las cifras macroeconómicas a las familias, no penetran en los hogares».
En este sentido, ha señalado que los PGE «dan la espalda a los que más han sufrido la crisis económica», ya que la bajada del IRPF no beneficiará al 70% de los pensionistas andaluces ni al 60% de los asalariados andaluces. Asimismo, ha calificado de «absolutamente ridícula» la subida de las pensiones ya que no compensa los incrementos del coste de la vida.
Montero ha rechazado que se trate de unos presupuestos «expansivos», ya que las políticas de gasto solo aumentan un 1,3%, por debajo del crecimiento del PIB, «con lo que la recuperación no llega a las familias». «Las más perjudicadas son las políticas sociales», que se mantienen «muy por debajo» de los niveles previos a la llegada de Rajoy al Gobierno. Concretamente se ha referido a las «caídas» del 61% en vivienda, el 22% en empleo y el 8,5% en educación, entre otras. Frente a esta reducción ha señalado que «llamativamente» las partidas que más suben son las de deuda pública (+15,1%), servicios de carácter general (+210%) y defensa (+17,7%).
Asimismo, ha advertido que las comunidades autónomas «pagaremos la mitad de la rebaja fiscal en el IRPF», al recaer sobre el tramo autonómico «sin que haya ninguna compensación», con un impacto que ha cifrado en 150 millones de euros menos para Andalucía. Por su parte, la implantación del Sistema Inmediato de Información del IVA, supondría otros 300 millones de euros menos para la comunidad autónoma.
Inversión por debajo de la media
María Jesús Montero ha criticado el «castigo» de la inversión destinada a Andalucía en los PGE y que representa el 14,6% del total nacional, es decir, 3,4 puntos por debajo de su peso poblacional que alcanza el 18%, incumpliendo «por octavo año consecutivo» lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera (DAT) del Estatuto de Autonomía. «El Gobierno destinará a Andalucía 1.477,75 millones de euros, cuando debería haber alcanzado los 1.823,13 millones», con un déficit acumulado de 1.700 millones desde el año 2012.
Durante su intervención, ha explicado que la media nacional de inversión por habitante es de 217,6 euros, mientras que para cada andaluz será de 176,2, lo que representa 291 euros menos que un cántabro y 233 menos que un castellano-leonés. De las siete provincias españolas con menos inversión, cuatro son andaluzas: Sevilla, Córdoba, Málaga y Almería, que además es la última de toda España. Asimismo, ha lamentado que un año más el Fondo de Compensación Interterritorial permanece congelado en 160 millones
Respecto al déficit, ha recordado que el Gobierno cumple gracias a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, ya que la Administración general del Estado ha incumplido el límite del 1,1% al situarse en el 1,9 %, lo que ha supuesto «otros 8.000 millones de deuda para España», mientras que «asfixia» a ayuntamientos y autonomías, «reteniéndoles incluso las entregas a cuenta».
En cuanto a la previsión de ingresos consignada en los PGE, Montero considera que son «poco creíbles», con un desfase de miles de millones entre lo previsto y lo realmente ingresado, y como ejemplo ha puesto el IRPF, concepto al que se atribuyen unos ingresos seis veces mayores de lo que suben los sueldos, mientras que al Impuesto de Sociedades se atribuyen unos ingresos que mejoran en un 60%.
