El sector pesquero rechaza la propuesta de topar el precio de los alimentos básicos y pide reducir el IVA

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    El sector pesquero ha rechazado la propuesta de poner un tope al precio de los alimentos básicos y ha pedido una rebaja del IVA del pescado para controlar los precios y hacer frente a la inflación.

    «El Gobierno, lo que tendría que hacer si quiere ayudar realmente a los ciudadanos y al sector pesquero, es reducir el IVA del pescado y bajarlo al IVA súper reducido como existe en otros productos básicos y no afectar a la libertad de mercado y de competencia que existe en España», ha señalado el secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Javier Garat.

    Asimismo, el sector pesquero ha vuelto a solicitar garantía de seguridad jurídica para sus empresas ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados, en la que ha comparecido Garat.

    En su intervención, que forma parte de la tramitación del Proyecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, Garat ha invitado a los políticos a aprovechar la oportunidad que representa este trámite para ampliar su conocimiento sobre un sector «del que España puede presumir de estar a la cabeza de la Unión Europea, y de una actividad esencial y estratégica comprometida con suministrar un alimento saludable a la población, incluso en los escenarios más complejos».

    Durante su intervención, Garat ha solicitado a los grupos políticos un espíritu «constructivo» y el máximo esfuerzo para consensuar el texto de la Ley, aceptando las propuestas de enmiendas planteadas por el sector pesquero representado por Cepesca.

    Garat también ha apuntado en el Congreso de los Diputados que la propuesta, en su versión actual, no garantiza la seguridad jurídica de las empresas pesqueras al no explicitarse que los posibles nuevos criterios de reparto de las posibilidades de pesca no afectarán a los ya realizados conforme a la ley vigente.

    Garat ha llamado la atención sobre el hecho de que el sector lleva dos décadas regido por un reparto concreto (Ley de Pesca de 2001) que ha definido la estructura operativa e inversiones de las empresas pesqueras, familiares mayoritariamente, y que no respetarlo supondría un escenario «inestable» que atentaría contra la seguridad jurídica a la que tiene derecho cualquier actividad empresarial, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo.

    Además, se modificaría la solvencia de los armadores y se dificultaría su acceso al crédito.

    Garat ha resaltado que algunas de las posibilidades de pesca han sido adquiridas con fondos propios, pero también con préstamos bancarios y que, en este último caso, el sistema financiero toma como referencia y a veces como garantía, la valoración del activo, en este caso las cuotas de pesca.

    Por lo tanto, según Garat, su modificación condicionaría negativamente las siguientes operaciones y las condicionaría en el futuro.

    Por ello, el secretario general de Cepesca ha solicitado que se recoja «expresamente y con claridad» que los repartos de las posibilidades de pesca anteriores a la entrada en vigor del proyecto de Ley mantengan totalmente su vigencia.

    «Si no hay seguridad jurídica el sistema se derrumba», ha añadido Garat.

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