jueves, marzo 28, 2024
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La Policía investiga la venta ilegal de lotes de comida por una ONG a personas desfavorecidas

Agentes de la Policía Nacional investigan la venta ilegal de lotes de comida por parte de una ONG de Alicante a personas desfavorecidas, en una operación que se inició a través de la denuncia formulada por la Subdelegación del Gobierno de la provincia, en concreto por dependencias del Ministerio de Agricultura y Pesca, en relación al programa de ayuda alimentaria a este colectivo.

La actuación policial se ha saldado con dos personas detenidas y otras dos investigadas. El principal responsable de la trama, ya en prisión, se ocultaba en la localidad alciantina de Torrevieja al constarle en vigor una reclamación judicial por violencia de género. Varios voluntarios de la organización eran personas necesitadas, sin trabajo e incluso algunos de ellos se encontraban en situación irregular en España. En algunos casos, se les «remuneraba» con comida del Banco de Alimentos.

Según ha informado la Policía en un comunicado, la Unidad de Control del Fondo Español de Garantía Agraria, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, detectó «ciertas irregularidades en el reparto directo de alimentos a las personas más desfavorecidas» ya que presuntamente llevaban a cabo venta de lotes de comida a personas necesitadas cuando su distribución debería ser totalmente gratuita.

Del mismo modo, los agentes determinaron el envío de comida del banco de alimentos a Marruecos o la utilización de estos lotes de comida para abonar servicios contratados por la organización.

La Unidad de Control del FEGA, que tiene entre sus funciones la de autorizar a las organizaciones para proceder con el reparto directo de alimentos a las personas más desfavorecidas, detectó «ciertas irregularidades» por parte de una plataforma empresarial solidaria, cuya organización disponía de hasta cinco sedes en la provincia de Alicante.

Este organismo puso los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, cuyo Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Alicante inició las gestiones para comprobar los hechos y determinar si esta organización cumplía con los objetivos establecidos: si ponía los alimentos a disposición de las personas más desfavorecidas de forma gratuita, ya fuera mediante la elaboración de comidas preparadas para ser consumidas en las instalaciones de la organización o mediante la entrega directa de lotes de comida, alimentos que en este caso procedían del Banco de Alimentos.

INSPECCIONES EN LAS SEDES

Los agentes comprobaron que las cinco sedes de la organización efectuaron el reparto de alimentos dentro del Programa de Ayuda 2018, recibiendo todas ellas comida. Las cinco sedes fueron inspeccionadas por la Dependencia de Agricultura y Pesca de Alicante.

Fruto de las inspecciones llevadas a cabo se pudo determinar que, en algunas de las sedes, el número de beneficiarios se había «duplicado», por lo que faltaba «multitud de existencias en los almacenes». En otra, había «diversas incoherencias» en las notas de entrega de los lotes de comida ya repartidos, puesto que constaban que su reparto era superior al número de productos previamente recibidos.

Igualmente, se detectaron anomalías en los locales que no reunían las condiciones higiénicas necesarias para desarrollar esta actividad. Los investigadores verificaron cada una de las anomalías denunciadas y determinaron que, efectivamente, se desconocía, en algunos de los casos, el paradero de hasta cerca de una tonelada de comida.

BENEFICIARIOS DUPLICADOS

Por otra parte, los agentes apreciaron que muchos de los beneficiarios figuraban en los listados de forma duplicada, por lo que presumían que podían haber sido «falseados» para que ciertas personas obtuvieran más alimentos que los que les correspondía.

Fruto de las pesquisas practicadas, los investigadores llegaron a la conclusión que, incumpliendo la normativa, la organización presuntamente vendía de forma ilegal lotes de comida a algunas de las personas que figuraban como beneficiarias o bien utilizaban presuntamente esos alimentos para pagar ciertos servicios que la organización contrataba.

En algunos de los casos, ciertos lotes de comida procedentes del Banco de Alimentos eran presuntamente vendidos para su posterior traslado a Marruecos.

Varios voluntarios de la organización eran personas necesitadas, sin trabajo e incluso algunos de ellos se encontraban en situación irregular en España. De acuerdo con las manifestaciones vertidas por testigos y miembros de la propia asociación, algunos de los trabajadores no cobraban por los servicios prestados y eran remunerados, en algunas ocasiones, por comida del Banco de Alimentos.

Tras identificar a los presuntos responsables de las distintas sedes, los agentes localizaron y detuvieron en Alicante, en una primera fase, a una mujer de nacionalidad peruana de 30 años como presunta autora de un delito de estafa continuada y falsedad documental. Del mismo modo, fueron oídas en declaración como investigadas no detenidas dos personas más.

Los agentes seguían sin éxito la pista del principal responsable, varón peruano de 49 años. A esta persona le constaba en vigor una reclamación judicial por malos tratos habituales en el ámbito familiar, además de los delitos que se le acusaban en este entramado en cuestión, estafa y falsedad documental.

Los agentes sospechaban que pudiera estar escondido en alguna localidad de la provincia de Alicante, por lo que establecieron un dispositivo de búsqueda que concluyó el pasado viernes con su localización y detención en Torrevieja (Alicante). El supuesto cabecilla ya ha ingresado en prisión.

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