El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha destacado que el nuevo modelo de financiación del sistema público universitario andaluz «supone un avance del anterior y garantiza el reparto equitativo de recursos».
En su reunión mantenida con el rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Francisco Oliva, ambos han abordado los detalles de esta medida, junto a otros aspectos de interés como son proyectos estratégicos o las novedades previstas para el próximo curso.
Velasco ha subrayado, según un comunicado, que el nuevo sistema de asignación de recursos pretende establecer una guía estable para la asignación equitativa de recursos que prime la excelencia y el rendimiento, que garantice la suficiencia financiera y que proporcione a las universidades la dotación adecuada para el desarrollo eficiente de su función social. Asimismo, ha confiado en que «las reuniones que estoy manteniendo con las instituciones sirvan para aclarar cualquier inquietud o duda sobre la propuesta planteada, de manera que se pueda cerrar en breve».
En este nuevo esquema de asignación se viene trabajando en colaboración con las universidades desde hace más de un año y medio, por lo que todas conocen ya las bases que lo sustentan. El titular de Transformación Económica ha aclarado que, en la actualidad, el foco está puesto en la fase de ajuste y definición de indicadores, en la que se tienen que realizar cálculos para conocer con precisión qué recursos corresponde a cada una.
Con el futuro sistema, más del 85% de los recursos procedentes de la Junta irá destinado a sufragar el funcionamiento de las universidades, concretamente a cubrir los gastos de personal y de mantenimiento, así como la inversión corriente asociada a la actividad académica. Además, estas instituciones docentes podrán emplear otro 10% de los fondos a mejorar sus indicadores docentes y de investigación.
Por su parte, el rector de la UPO ha destacado la necesidad de que se genere un modelo de financiación al ser «una exigencia legal que otorga seguridad jurídica». «Estamos a la espera de ver cómo se concreta en los diferentes indicadores y variables que van a determinar cuál va a ser la financiación concreta de la Universidad», ha subrayado.
En el encuentro mantenido esta tarde, el consejero de Transformación Económica ha comprobado de primera mano la singularidad de las actuaciones que se están poniendo en marcha en la Universidad Pablo de Olavide, especialmente en el ámbito de la sostenibilidad, la digitalización, el compromiso social y la investigación.
El proyecto de la ‘huella de carbono 0’, con el que se pretende llegar a producir la mayor cantidad de energía propia mediante la instalación de placas fotovoltaicas, la posibilidad de aumentar la superficie arbórea del campus o la creación de aulas abiertas e integradas en el entorno son solo algunas de los proyectos abordados que, como ha señalado el rector de la UPO, «ponen de manifiesto el espíritu activo y vanguardista de la Universidad».
UN GASTO MEDIO ANUAL DE 1.530 MILLONES PARA UNIVERSIDADES
Entre 2019 y 2021, la Consejería de Transformación Económica ha destacado que viene facilitando que las universidades tengan una capacidad de gasto medio anual situado en los 1.530 millones, frente a los 1.272 millones de euros de promedio anual en el periodo 2016-2018.
Ese esfuerzo en la gestión ha permitido incrementar en esta legislatura los recursos dirigidos a las retribuciones de la plantilla de las universidades (13% más en 2020 respecto a 2018). Además, en los últimos dos años se ha aumentado en 1.151 el número de personas que componen la plantilla del sistema universitario.
De igual modo, en 2020 el Ejecutivo autonómico autorizó un Plan de Inversiones por valor de 165 millones hasta el ejercicio 2023. Esa cuantía se sumó a los 25 millones ya autorizados en 2019, lo que supone un total de 190 millones para inversiones para dos años, dando así cumplimiento a una de las principales demandas de los rectores.
A esa medida se unen el abono de la deuda que dejó pendiente el Gobierno anterior: más de 180 millones desde el año 2015 que estaban sin pagar; y la puesta a disposición de las universidades de 61 millones procedentes del Fondo COVID-19 para compensar los gastos derivados de la pandemia.
En materia de I+D+I, entre 2019 y 2020, la inyección pública de la Junta al sistema andaluz del conocimiento se ha elevado a 251,1 millones de euros y para este 2021 se ha consignado una partida de 140 millones de euros a través de ocho líneas de incentivos.
